El Código Electrónico de los Derechos de los Ciudadanos en su relación con la Administración Pública, nace con la finalidad de contribuir a la difusión de las principales normas reguladoras del procedimiento administrativo en los sectores más confluidos por los ciudadanos, conforme al objetivo estratégico de la AEBOE de ser fuente y motor de la gestión del conocimiento jurídico y a las competencias conferidas de publicación, en cualquier soporte, de repertorios, compilaciones, de textos legales y separatas de las disposiciones que se consideren de especial interés, así como de la permanente actualización y consolidación de los publicados.
La codificación de la legislación que ampara los derechos de los ciudadanos frente a la Administración, caracterizada por las diferentes especialidades procedimentales, así como por su dispersión normativa y por su continua evolución, resulta pues evidente, puesto que reunirla y sistematizarla en un Código Electrónico del Boletín Oficial del Estado (BOE), que puede actualizarse automáticamente, facilita su conocimiento, mitiga los inconvenientes de la dispersión normativa y garantiza su permanente actualización y consolidación. De esta manera, tanto el ciudadano en general como todo profesional en el ejercicio de su actividad, tienen una potente y fiable herramienta informativa que le permite saber en cada momento qué normas están vigentes para aquellos asuntos que puedan ser de su interés.
Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, la esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas se encuentran amparados a través de una serie de instrumentos tanto de carácter reactivo, entre los que destaca el sistema de recursos administrativos o el control realizado por jueces y tribunales, como preventivo, a través del procedimiento administrativo, que es la expresión clara de que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, como reza en el artículo 103 de la Constitución Española de 1978.
Asimismo, el referido artículo 103 de la Constitución establece los principios que deben de regir la actuación de las Administraciones Públicas, entre los que destacan el de eficacia y el de legalidad, al imponer el sometimiento pleno de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho. La materialización de estos principios se produce en el procedimiento, constituido por una serie de cauces formales que han de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y las empresas, que deben ejercerse en condiciones básicas de igualdad en cualquier parte del territorio, con independencia de la Administración con la que se relacionen sus titulares.
El valor añadido de esta recopilación reside en su constante actualización por parte de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado de las normas incluidas en el sumario, lo que nos permite confiar en la plena validez de los textos compilados. A ello se añade la accesibilidad al código en línea y la usabilidad de los formatos electrónicos disponibles (PDF y ePUB), lo que convierten a este Código en una herramienta muy valiosa para todos aquellos interesados en la normativa que afecta a los derechos ciudadanos en su relación con la Administración Pública.
Se puede adquirir, en soporte papel, en tienda.boe.es o en la Librería del BOE, calle Trafalgar, 27, 28010 Madrid, a través de la modalidad de impresión bajo demanda (IBD).
- Edición: Primera, febrero de 2025.
- Páginas: 1901.
- Encuadernación: Rústica.
- Formato: 17 x 24 cm.
- Colección: Códigos electrónicos.
- Materia: Derecho Administrativo General.
- ISBN: 9788434030268.
- PVP (IVA incluido): 74 € (70,29 € si la compra se efectúa a través de la tienda virtual).
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